Sábado, 13 de marzo de 2004
¿Quién ha sido?
KEPA AULESTIA/
Puede un responsable público mostrarse indiferente
ante el desmentido de ETA sin incurrir en una grave irresponsabilidad?
¿Puede un responsable público mantener su mirada hacia
ETA mientras se acumulan datos que apuntan en otra dirección?
¿Puede estar el Gobierno español señalando
a ETA mientras el mundo piensa en Al-Qaida? Éstas son algunas
de las preguntas que suscita la gestión gubernamental de
la crisis más horrorosa causada por el terrorismo en Europa.
Junto a su sanguinario e indiscriminado proceder,
el terrorismo identificado con el 11-S se caracteriza por la evanescente
expresión de sus objetivos y su disposición a eludir
la reivindicación inmediata de sus terribles atentados. Por
eso mismo, la primera obligación de los responsables de la
seguridad es descifrar las evidencias y los indicios para orientar
sus esfuerzos y la atención ciudadana en un sentido efectivo
en la lucha contra el terror.
Sin embargo, la sucesión de comparecencias
públicas de los ministros del Gobierno saliente y de significados
líderes del PP dieron ayer más la impresión
de obedecer a una consigna dictada para fijar la atención
sobre ETA que de responder a la pregunta que los manifestantes se
hacían en medio de su compromiso unitario: «¿quién
ha sido?».
Sería repugnante que nos viéramos sometidos
a la coacción moral de tener que continuar atribuyendo a
ETA la masacre so pena de acabar siendo acusados de indultarla.
Pero la ETA que ayer comunicó su mentís por la vía
que en todas las anteriores ocasiones resultó validada por
los responsables gubernamentales seguirá siendo repugnante
aunque admitamos como veraz su mensaje.
En cualquier caso, la irresponsabilidad de los que
siempre dijeron que ETA nunca miente y que ayer se esforzaron en
desechar su mentís no se debería tanto a su afán
por restarle crédito a la banda asesina como a su indisposición
para aceptar que un nuevo terrorismo se ha introducido en España
o, por expresarlo en términos más inquietantes, para
aceptar que España ha sido introducida entre las redes de
un nuevo terrorismo.
A estas alturas, eludir la verdad sería tanto
como ocultarla. Los responsables políticos y policiales y
los propios periodistas tienen la obligación de aproximarse
al máximo y cuanto antes a la verdad de la masacre del 11
de marzo. Y es inadmisible que alguien trate de oponer esa obligación
al deber que la democracia ha contraído hacia las víctimas
de Madrid. Porque, tras las manifestaciones de duelo y solidaridad,
la primera obligación de la democracia hacia las víctimas
es descubrir la identidad de sus asesinos.
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