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AULA DE CULTURA VIRTUAL

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Transcripción de la conferencia de Santiago Muñoz Machado- 3

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, en este mundo de la red es perfectamente visible, como en ninguna otra parte, un fenómeno apabullante, muy novedoso, propio de nuestro tiempo: cómo concurren tanto poderes públicos como poderes privados para la resolución y el establecimiento de diversas regulaciones, y cómo los poderes públicos se retraen, puesto que regulan buena parte de las cosas que antes regulaban e invitan a los operadores privados a que también lo hagan ellos, a que algunas veces se responsabilicen en el marco de fenómenos llamados «de autorregulación». Efectivamente, los poderes públicos no intervienen, dejan en libertad a las empresas, y son ellas mismas, es curioso, las que certifican sobre su propia bondad, en lugar de que sea un soberano quien vigile el cumplimiento correcto de los ciudadanos. Éstos son los problemas que plantea la intervención en el ámbito de Internet.

La cuestión siguiente es la de los contenidos de esa regulación: ¿qué merece ser regulado en Internet? En principio, este fenómeno tan aparatoso tiene una problemática que podría reducirse a dos aspectos esenciales según los dos usos fundamentales de Internet, esto es, como magnífico instrumento para la comunicación y como magnífico mercado. Hay muy pocos aspectos que no puedan clasificarse de un modo u otro, por tanto, lo que debemos plantearnos es qué debe ser regulado en tanto en cuanto su función de instrumento de comunicación, incluida ahí, naturalmente, la investigación, la docencia, y qué debe ser regulado en tanto en cuanto su función de gran mercado virtual, ya no físico, incluido en ésta, por supuesto, el comercio, primer asunto que abordaremos a continuación.

Así que la primera pregunta es si hay que regular el gran mercado de Internet, por qué y quién debe hacerlo. Si se indaga sobre si ese enorme mercado virtual mundial establecido a través de las redes tiene alguna regulación específica, se verá que no hay ninguna autoridad mundial que lo esté regulando; el único atisbo de autoridad mundial en este plano del comercio, del gran mercado, es una autoridad mundial mínima y apenas significativa, que es la que gobierna el punto primero y más esencial que tiene que cubrir cualquier comerciante: situarse en la gran "calle" del ciberespacio. Lo primero que hace un comerciante en la vida real, en el espacio físico, es buscar una localización, buscar un comercio donde vender, e igualmente, lo primero que hace un comerciante en la red es buscar un domicilio. Esos domicilios son los denominados nombres de dominio, administrados a escala mundial por una autoridad que se llama ICAN. Curiosamente, esa autoridad mundial es una autoridad de tipo no lucrativo y de carácter privado que está asentada en California y que se vincula al gobierno de los EE UU; es lo que aquí llamamos una fundación benéfica. Y a partir de ésta, existen unas jerarquías de autoridades en cada uno de los países del mundo que son las que establecen el reparto de los nombres de dominio de primer nivel, es decir, éstos que todos los días están viendo: los .com, .org, .net. Los de segundo nivel, los .es, .i, los que llevan las denominaciones de cada uno de los países correspondientes, son administrados por autoridades nacionales.

Existe una especie de jerarquización entre la autoridad mundial única, que es el ICAN, y estas autoridades nacionales para el reparto de los nombres de dominio, que son los lugares donde nos pueden encontrar a cada uno de nosotros en la gran red, a todos los efectos, o del comercio o de la comunicación. Y únicamente en este punto es donde existe una gran autoridad a escala mundial, no en otros ámbitos. Fíjense, para reflexionar sobre los cambios que las formas de gobierno están experimentando, que esa autoridad mundial es una fundación de carácter privado y benéfica que está jerárquicamente supraordenada, en el plano de los principios, y a la cual se subordinan las autoridades estatales, que en algunos casos son administraciones públicas sometidas a los principios del derecho público y que aplican ese derecho público con toda la rigidez. En otros lugares, en España, por ejemplo, se da ese caso; en otros lugares, las autoridades vinculadas al sistema de nombres de dominio también se han hecho de carácter privado, Lo primero es, por tanto, situarse de esta manera, acudiendo a estos mecanismos y a ese tipo de organización, y lo segundo, en el caso del mercado, es tratar de operar, hacer transacciones, comprar o vender. Por ejemplo, se puede ofrecer servicios; los profesores, servicios de las clases que damos, y los abogados, servicios de consultoría o de asistencia. Por eso hay que regular todo esto, por eso es necesario establecer unas reglas sobre cómo hacer las cosas en este medio.

Ahora bien, la primera cosa que debe decirse aquí en relación con las pretensiones de una regulación extremada de todos los problemas es que realmente no hay nada de nuevo en los contratos que se hacen en Internet con respecto a los contratos que se hacen en el espacio físico, en el comercio, en los mercados normales. Los problemas jurídicos son los mismos y las técnicas para resolverlos también, por tanto, no habrá un código de comercio específico de Internet, un código civil adaptado a Internet, como parece que a veces se pretende; las reglas jurídicas que disciplinan ese mercado seguirán siendo siempre las mismas. Lo único que cambiará serán dos o tres aspectos sobre los que sí hace falta un poco de atención, que son los siguientes: en primer lugar, la información. Es algo muy diferente salir a la calle y comprobar con nuestros ojos si son necesarios ciertos productos, de ahí que los que nos ofrezcan a través de la red deban darnos una solución máxima, la cual tenemos derecho a percibir. Así que las regulaciones tienen que fijarse precisamente en torno a ese derecho de información.

En segundo lugar, la seguridad en las transacciones. Hay que estar seguros de que quien está vendiendo en la red es una persona seria; en el caso de un abogado o un médico, por ejemplo, hay que asegurarse de que realmente lo son, de que tienen las titulaciones correspondientes y de que están inscritos en sus colegios profesionales, así como de que los servicios que ofrecen tienen unas garantías básicas mínimas.

Y en tercer lugar, establecer mecanismos especiales de resolución para cuando uno recibe el producto o el servicio y manifiesta su disconformidad con lo que ha recibido porque no tenía las características esperadas o porque en cierta manera es distinto, para que pueda devolverlo a su origen pasado en un plazo de tiempo razonable, algo que no es necesario en el tráfico ordinario. Aparte de esto, aspectos que ya estaban contemplados en una directiva europea sobre ventas a distancia y que ahora están recogidos son los aspectos más sustanciales sobre la directiva de comercio electrónico, que es la norma que regula básicamente estas cuestiones a escala europea. Salvo esto, el resto de ese mercado es un mercado tan normal como los demás mercados, y varía solamente en la forma en que se practica.

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