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Transcripción de la conferencia de Charles Powell- 4

Hay junto con ésta, en segundo lugar, otra cuestión, otro dilema que a mí me parece fundamental: el dilema de la sucesión. Fíjense que todo régimen dictatorial tiende a intentar sucederse a sí mismo; le preocupa el futuro, porque la incertidumbre sobre el futuro lo debilita. Pues bien, esta incertidumbre y el deseo de institucionalizar la sucesión también jugaron un papel muy importante en el desarrollo posterior de la Transición. Aquí hay dos momentos clave: uno, la decisión de proclamar a don Juan Carlos de Borbón Rey de España y sucesor de Franco en julio de 1969, y dos, el nombramiento como vicepresidente del Gobierno, en el año 1967, y como presidente del mismo, en el año 73, del almirante Carrero Blanco, cuya muerte, como es sabido, echó por tierra ese proyecto sucesorio que se había ideado desde el Régimen. Con todo ello, con el intento fracasado de institucionalización de la participación y con la necesidad de institucionalizar, en la medida de lo posible, la futura monarquía de las leyes fundamentales, o la Monarquía del 18 de Julio, como también se le llamó, finalmente se contribuyó no sólo a consolidar el Régimen, sino también a facilitar su posterior desmantelamiento desde arriba y desde dentro de la ley, como diría Torcuato Fernández Miranda.

Además, a estos factores internos habría que añadir, sin duda, la dimensión internacional, que a veces se olvida. Por un lado, creo importante reconocer que el régimen de Franco demostró una sorprendente capacidad para adaptarse y para sobrevivir en un contexto internacional generalmente hostil, así que sería un error exagerar la influencia de la presión que se ejerció sobre el franquismo desde fuera, sobre todo a partir del tratado firmado con los EEUU en el año 1953, momento a partir del cual no mostraron especial prisa por ver cambiar el régimen en España. Yo diría que la clave de todo esto está en Europa, básicamente porque a partir de los tratados de Roma en el año 57, del proceso de integración económica europea, España no podía mantenerse al margen de dicho proceso sin sufrir, sin pagar un altísimo precio económico. Eso llevo a la negociación del famoso Acuerdo Preferencial de 1970 y, por lo tanto, a una situación de cierta dependencia; es decir, a partir de ese momento, España necesitaba negociar una relación más favorable, más fluida, con la Europa democrática representada por la Comunidad Europea, y en el año 74, tras la caída del régimen de Caetano en Portugal, con la Revolución de los Claveles, así como tras la caída de los coroneles en Grecia, el régimen de Franco pasó a ser el último bastión de autoritarismo en la Europa occidental. En este punto es donde nuevamente nos encontramos con la creciente disgregación entre el entorno internacional y la propia situación interna.

Pues bien, el resultado de todos estos factores que he intentado analizar muy brevemente fue lo que denominamos habitualmente una transición, que en el caso español se inició, como todo el mundo sabe -o por lo menos eso cabe sostener-, con la muerte de Franco y la proclamación del Rey en noviembre del año 1975. Quizá la manera más sencilla de entender este proceso sea contemplarlo como la suma de varios procesos escalonados. Así pues, y en primer lugar, se produjo una reforma pactada entre los sectores más duros, más intransigentes, del propio Régimen y los sectores más moderados, más reformistas. El resultado de ese pacto fue la Ley para la Reforma que las propias Cortes orgánicas del franquismo aprobaron por referéndum en noviembre del año 1976, y esta primera medida desencadenó todo lo demás.

Tras este primer pacto, en segundo lugar, nació otro pacto posterior entre los reformistas del Régimen, auspiciados por el Rey, y los moderados de la oposición democrática; es decir, dos corrientes de distinto origen, una impulsada desde arriba y otra impulsada desde abajo, confluían en un mismo marco de decisión. La tercera fase la protagonizaron las primeras elecciones fundacionales y democráticas de junio del año 1977, las culpables de la apertura de un proceso constituyente (obsérvese, por cierto, que a lo largo de ese proceso, el control ejercido por los reformistas provinientes del régimen autoritario fue disminuyendo a medida que iba aumentando el protagonismo de los moderados en la oposición; en otras palabras, la reforma se fue haciendo más rupturista). Y en cuarto y último lugar, se produjo la etapa de consolidación, que se abre después de las eleciones del año 1979 y que termina quizás a principios de los años 80.

En mi opinión, últimamente se analiza todo este proceso desde una perspectiva excesiva de ganadores contra perdedores: quién ganó más, quién cedió más, hasta qué punto el resultado puede considerarse justo y razonable, etc. Mi interpretación de aquellos acontecimientos es, como dije al principio, que el resultado, ese pacto, esa transacción, refleja en buena medida los deseos mayoritarios de la sociedad española. Bien es cierto que siempre se puede pensar que la oposición democrática pudo obtener más, aunque creo que no por varios motivos: su propia debilidad organizativa, su limitada implantación social -las cifras a este respecto en los años 80 son muy significativas- o el hecho de que sus propios instrumentos (ante todo, la presión en la calle: huelgas, manifestaciones...) para influir en el proceso plantearan problemas, además de que un abuso en la utilización de esos mecanismos podían asustar a ciertos sectores de la población cuyo apoyo buscarían posteriormente en las elecciones. Pero sobre todo, y derivado de lo anterior, lo que refleja que dicha oposición democrática no fue la que más se llevó es que existió el temor a que una excesiva presión desde abajo provocase la involución, es decir, un golpe de Estado militar. Yo achaco la existencia de este miedo a la idea del nunca jamás, a la idea de que era imprescindible evitar por todos los medios una nueva guerra civil.

Es cierto, por otra parte, que este modelo de transición vía transacción es poco frecuente -de hecho, por eso se ha estudiado tanto fuera de estas fronteras- ¿Por qué?, porque tienen que darse una serie de condiciones muy especiales. En primer lugar, porque el régimen autoritario saliente no puede ser ni muy fuerte ni muy débil; si es muy fuerte, podrá ignorar a la oposición, y si es muy débil, los reformistas serán barridos de la escena. Y lo mismo puede afirmarse de la propia oposición democrática: si es muy poderosa, prefiere derribar el régimen a negociar con él, y si es muy débil, no podrá obligarlo a negociar. Además, algunos autores sostienen que otra de las características que exige el éxito de una transición vía transacción es, en segundo lugar, que la movilización popular no sea nunca excesiva, como si se tratase de hacerlo todo para el pueblo pero sin el pueblo. Sin embargo, yo no estoy del todo de acuerdo con esta interpretación. Sí hubo una notable movilización durante aquellos años: sólo en los tres primeros meses del 76, hubo 16.000 huelgas, y tanto la petición de amnistía como la demanda de autonomía, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, explica, según los expertos, el 40% de todas aquellas movilizaciones que se produjeron antes del año 78. Por lo tanto, creo que es falsear el pasado transmitir la sensación de que se trató de un acuerdo exclusivamente alcanzado entre élites a espaldas de la opinión pública. En realidad, la opinión pública manifestó constantemente sus deseos, en unas ocasiones, a través de esas élites, y en otras ocasiones, en la propia calle.

¿Cuáles son las posibles ventajas y los posibles riesgos de un modelo como el español? En mi opinión, tiene dos ventajas: primera, el hecho de que el control del proceso estuvo, inicialmente, en manos de los reformistas, lo que permitió atajar y controlar el peligro de involución. Éstos fueron capaces de controlar a los nostálgicos del autoritarismo, porque, paradójicamente, en una situación de cambio, los reformistas son la mayor y mejor garantía de supervivencia con la que cuentan los sectores más conservadores. Y aquí jugó un papel de enorme importancia, como creo que todo el mundo reconoce, Su Majestad el Rey. Además, y aquí estaría la segunda ventaja, una fórmula de este tipo hace innecesario un gobierno provisional formado por la oposición, que en ocasiones cae en la tentación de utilizar su legitimidad revolucionaria o pseudo-revolucionaria para consolidar una situación excepcional. Eso sucedió, en cierta medida, en Portugal, país donde el movimiento de las Fuerzas Armadas intentó prolongarse en el poder de forma no democrática, negándoles la palabra a los partidos políticos. Como resultado de todo ello, la primera constitución surgida del proceso portugués tuvo que ser reformada algunos años después. Así pues, volviendo a nuestro caso, la paradoja residiría en que un gobierno no democrático de gestión como el de Adolfo Suárez quizás haya sido mejor que uno supuestamente representativo de la oposición ¿Por qué?, porque el gobierno de Suárez necesitaba legitimarse democráticamente para sobrevivir políticamente.

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