Futuro. Dos molinos de viento pertenecientes al parque eólico instalado en el puerto de Bilbao. / EFE

Resurgir de las cenizas

Volver a portada

 

POR MANU ÁLVAREZ

El País Vasco sufrió con especial crudeza el impacto de una apertura económica para la que no estaba preparado. Por suerte, el reto se ha superado con una nota aceptable e incluso Euskadi es ahora capaz de aportar a la UE expertos en reconversión


Fue como quitarle los analgésicos a un recién operado de triple fractura abierta de tibia y peroné. Euskadi se estrenó en la Unión Europea con una tasa de paro del 21% -de pronóstico reservado- y tan sólo unos años más tarde, en 1991, se pudo comprobar que Murphy existe y que todo lo malo puede empeorar: la estadística de parados alcanzó el 25%. La economía vasca había entrado en la UVI comunitaria. Si alguien lo compara con la última tasa de paro oficial de la comunidad autónoma, de hace tan sólo unas semanas, el 3,4%, concluirá que la travesía ha sido dolorosa, tensa, no exenta de polémicas políticas, pero gratificante.

Si fueron el carbón y el acero las dos justificaciones sobre las que se sustentó la necesidad de crear la primera Comunidad Europea, iba a ser también uno de sus derivados, la siderurgia y el conjunto de la industria relacionada con el metal, el principal objeto de las desdichas de los vascos al izar la bandera de las estrella doradas sobre el fondo azul. Buena parte de la estructura industrial vasca estaba anclada a sectores maduros, tecnológicamente atrasada, financieramente endeble y amante de las relaciones endogámicas. Si la crisis de finales de los 70 había dejado 'tocada' una economía hasta entonces ejemplar, la eliminiación completa de los aranceles con los principales competidores, los vecinos europeos, fue como el último golpe que lanza a la lona al boxeador sonado.

La siderurgia integral, la común, la especial, la industria naval, los electrodomésticos, los bienes de equipo y una largo etc., se fueron al suelo. Como una fila de fichas de dominó, empujadas unas por las otras y animadas en su derrumbe por el aire fresco pero racheado de la libre competencia. Varias decenas de miles de trabajadores, que pensaban hasta entonces que eran en lo suyo los mejores del planeta, perdieron su empleo e iniciaron, en el menos malo de los casos y gracias a la sangría de los fondos públicos, un deprimente camino hacia la jubilación anticipada. 'Reconversión', 'ayudas públicas', 'excedente laboral' y 'reindustrialización' fueron, en la primera década de nuestro estreno comunitario, palabras de uso diario.

¿Qué ha quedado de aquello? De la industria gloriosa del pasado ha perdurado poco, pero muy presentable. Las joyas de la corona: la Acería Compacta de Bizkaia, el resto de factorías de Mittal-Arcelor, Sidenor, La Naval o Fagor, son vestigios de aquel trauma. Salvo deshonrosas excepciones, lo que ha conseguido sobrevivir es competitivo, rentable y sólido desde el punto de vista financiero. Hoy, incluso, no sólo exportamos máquina-herramienta o componentes de automóvil, sino también expertos reconversores. Si entre los años 1986 y 1992 fueron profesionales extranjeros los que vigilaron y auditaron los procesos de transformación de nuestra industria, por encargo de la Comisión Europea, hoy son muchos los profesionales vascos, que entonces eran ejecutivos de las compañías en crisis, los encargados de representar a la UE en los procesos de ajuste de países como Bulgaria o Rumanía. Paradojas del destino, una empresa vasca como es el caso de la ingeniería Idom, figura ahora entre las compañías reconocidas y recomendadas por la Comisión para auditar reconversiones siderúrgicas. Es tan sólo un ejemplo de la capacidad para hacer de la necesidad una virtud.

Pequeños centros

La evolución de la industria vasca no ha permitido conseguir un sustituto claro y contundente de aquella poderosa industria del acero pero, a cambio, al menos, ha sido capaz de generar pequeños epicentros de desarrollo en torno a la industria automovilística, la electrónica, la energía o la aeronáutica. Ya no hay un gran autobús, pero sí muchos taxis, algunos de ellos, aunque pocos, con estructura de limusina.

En el ámbito político, estar presente en lor órganos de decisión de la UE ha sido la aspiración nunca satisfecha de los sectores nacionalistas y, por ello, del Gobierno vasco. El PNV siempre ha defendido su deseo de sentarse en aquellos foros en los que se discutan e incluso se decidan cuestiones que tienen una importancia sustancial para el País Vasco. Tan sólo en los últimos dos años se han dado pasos tímidos en esa dirección. Uno de ellos se ha podido visualizar recientemente, con la presencia del consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno vasco en el Consejo de Ministros de la UE en el que se discutía el levantamiento de la veda de la anchoa.

No es una cuestión aislada. En la práctica, los nacionalistas vascos siempre han tratado de impulsar una transformación de las estructuras de la Unión Europea, para debilitar el papel de los estados como interlocutores únicos y potenciar a las regiones como elementos centrales del poder político.

El Gobierno vasco intentó poner toda la carne en el asador en el año 2001, para conseguir de la Administración central un pasaporte directo hacia el Consejo de Ministros de la Unión Europea. La negociación del nuevo Concierto Económico fue el escenario de batalla elegido por los nacionalistas para intentar conseguir ese objetivo, pero resultó infructuoso. Aunque las conversaciones entraron en crisis en varias ocasiones como consecuencia de esta aspiración por montar una especie de 'puente aéreo' entre Vitoria y Bruselas, la oposición frontal del Partido Popular, entonces en el Gobierno central, no dejó margen de maniobra. El Gobierno vasco plegó velas, retiró sus reclamaciones en torno a la representación ante los órganos comunitarios y apostó por firmar un Concierto de carácter indefinido, que otorgaba continuidad al modelo financiero e institucional del País Vasco y que, además, consolidaba sus competencias en materia fiscal.

El problema fiscal

La cuestión fiscal es, precisamente, la materia que ocupa el numero uno del 'hit parade' de la controversia vasco-comunitaria del momento. Superada del todo la etapa de la reconversión y el empeño de Bruselas en 'achatarrar' instalaciones de producción; aprobada con buena nota la tarea de ordeñar con mimo la 'vaca' de los fondos de ayudas de la UE, especialmente para el desarrollo de infraestructuras públicas; con el tranquillo perfectamente cogido a la obtención de financiación a precios de saldo del Banco Europeo de Inversiones -el Bilbao Exhibition Centre, el Puerto de Bilbao y en el futuro la 'Supersur' de circunvalación de Bilbao, son claros ejemplos de ello- y a expensas tan sólo de cíclicos sustos en materia de cuotas del sector pesquero, el asunto de los impuestos se ha convertido en una pesadilla.

La capacidad normativa que el Concierto Económico ha otorgado a las diputaciones forales vascas -de forma progresiva, ya que hasta el año 1997 no alcanzaron el control total sobre el IRPF o la recaudación de los impuestos especiales-, se ha movido siempre como una loncha de jamón de york en medio de un 'sandwich'. Ni al Gobierno central le han gustado nunca las maniobras de las haciendas forales para desmarcarse de la uniformidad tributaria, ni a la Comisión le ha hecho mucha gracia que la política regional ponga en peligro, precisamente, una de sus asignaturas pendientes: la armonización fiscal de Europa.

Así las cosas, en el pasado las normas fiscales vascas fueron sometidas a intensas investigaciones e incluso a serios correctivos, en la medida en que actuaron como mecanismos de concesión de ayudas públicas, por encima de los límites permitidos por la UE. Los expedientes y las sanciones de los casos Ramondín y Daewoo son el ejemplo más claro de ello. Ahora, sin embargo, el problema, aunque sin abandonar las discusiones sobre fiscalidad, tiene más calado. La pugna gira en torno a la capacidad de una Administración regional para aprobar y aplicar políticas diferentes a las del Estado al que pertenece. Todo parece indicar que tras más de dos décadas desde su aporbación, la UE va a tomar postura sobre algunos de los aspectos claves del Concierto Económico.

Las autoridades de la UE, el Tribunal de Luxemburgo para ser más exactos, tienen ya en su mesa un expediente remitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aunque parcial y relativo tan sólo al Impuesto de Sociedades, encierra en sí mismo la llave hacia la resolución de otros muchos problemas. El Tribunal Superior quiere saber y eso es lo que le ha preguntado a la Corte de la UE, si el País Vasco puede o no tener un tipo impositivo diferente al que se aplica, por ejemplo, en Cantabria, Burgos o La Rioja. Desgraciadamente, las respuestas de la UE nunca son automáticas. Esta aún tardará algunos meses, si no años, en llegar.