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El progreso detenido

Por Manuel Montero.

Cuando el 4 de mayo de 1814, Fernando VII restauró el absolutismo declaraba nulas la Constitución de Cádiz y las decisiones de ella derivadas «como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo». Quería suprimir el pasado reciente. Se refería a la obra liberal, pero el espíritu del Decreto de Valencia buscaba volver a 1808, a antes del 2 de mayo, como si no hubiesen sucedido la Guerra de la Independencia y todo lo que vino. La ambición de borrar la historia resultó vana. Todo había pasado: la insurrección nacional, la guerra, la revolución liberal, las abdicaciones de Bayona, los afrancesamientos, las llamadas a defender la religión y al Rey, la guerrilla... Estaban en medio del tiempo y no lo quitarían de él las voluntades políticas.

Al contrario: las consecuencias de la Guerra de la Independencia fueron intensas, profundas, duraderas. Ha sido, con la Guerra Civil, el acontecimiento que más ha marcado nuestra historia contemporánea. Idealizaciones nacionalistas al margen, la guerra fue una catástrofe nacional. Murieron en torno a 250.000 españoles, 200.000 franceses, 50.000 ingleses. Las dimensiones del desastre sólo pueden compararse a las que tuvo la contienda civil de 1936-39. Entre quienes murieron y los que no nacieron como consecuencia de la guerra, las pérdidas demográficas alcanzaron quizás más de 350.000 personas, en un país de unos 12 millones de habitantes. A la catástrofe humanitaria se sumaron las destrucciones, muy intensas en las ciudades pero que afectaron a todo el mundo económico. España quedó devastada, con pérdidas en su aparato productivo que no se habían conocido nunca.

Las consecuencias de la guerra no se quedaron sólo en los quebrantos humanos y económicos. Se perciben en todos los órdenes, pues la invasión francesa de 1808 y la respuesta española transformaron de raíz la historia de España y gestaron un nuevo punto de partida, tras la brusca ruptura de la evolución política y económica.

De entrada, interrumpió definitivamente el proceso de modernización económica iniciado con la Ilustración, con reformas que habían producido avances modestos pero perceptibles. De otro lado, el vacío de poder creado en mayo de 1808, dio su oportunidad a la revolución liberal. Y se gestó una nueva dinámica política, que condicionaría las siguientes décadas, basada en el antagonismo radical entre los revolucionarios, que contaban con la experiencia del ejercicio del poder durante la guerra y con un modelo constitucional, y los defensores a ultranza de la monarquía absoluta, despojada de las ambiciones reformistas de fines del XVIII.

Este esquema bipolar, dos grandes doctrinas que se enfrentaban radicalmente, fue una de las herencias de la guerra. Además, desaparecieron los espacios intermedios. Los representaban bien los ilustrados que se afrancesaron y que quisieron llevar a cabo su programa de reformas con José I. Tras la guerra, descalificados como traidores, tuvieron que marchar de España. Fue el primer exilio de nuestra historia contemporánea: se calcula que afectó a unas 12.000 familias. Muchos de los afrancesados encarnaban los afanes modernizadores y reformistas. Desaparecía de España un segmento político clave, que se alejaba de las formas absolutistas y marcaba distancias con el radicalismo revolucionario. Este hecho contribuyó a que, sin lugares centrales, los posteriores vaivenes de la política española oscilasen entre los extremos del arco ideológico.

La experiencia de la guerra tuvo otra secuela, que afectaría a las formas que adoptaría la política española. Entre 1808 y 1813 la guerrilla había arrastrado a miles de españoles, en una movilización sin precedentes que resultó clave en la derrota de Napoleón. Pues bien, el levantamiento de partidas guerrilleras se convertiría desde entonces en todo un mecanismo político, con la idea de que la violencia podía ser el medio de resolver los conflictos. En las décadas siguientes, tanto absolutistas como liberales llamaron a formar partidas guerrilleras en sus disputas por el poder. La guerrilla y los militares. El militarismo, que marcaría la historia de España del XIX, hunde también sus raíces en el predominio político que alcanzaron guerrilleros y generales durante la Guerra de la Independencia.

Buena parte de los líderes militares salidos de la insurrección de 1808-14, de origen popular – bien distinto a la procedencia aristocrática de los mandos del Ejército tradicional–, fueron partidarios del liberalismo. Esta circunstancia novedosa, de índole revolucionaria, dificultaría el retorno de la monarquía absoluta. Había otra, que gravitaría sobre la restauración absolutista de 1814, y que tenía que ver con el cariz de la Guerra de la Independencia. Fernando VII se quejaba en el Decreto de Valencia de que las Cortes de Cádiz le habían despojado de la soberanía al proclamar la soberanía nacional. Era la perspectiva tradicional, la que creía en los monarcas por derecho divino, pero su indignación regia no ocultaba que su regreso al trono se había debido a la insurrección de quienes exigían su retorno. La ideología podía explicarlo como fuera y hablar de la providencia y de los derechos dinásticos, pero esta circunstancia –el Rey volvía a reinar porque así se había manifestado la voluntad nacional – constituía una ruptura histórica de calado, que rompía con las legitimaciones tradicionales de la monarquía.

Las secuelas de la guerra pueden percibirse desde múltiples puntos de vista. Tras la ocupación francesa de España comenzaron los procesos independentistas en Latinoamérica, que serían irreversibles. En 1814 se restableció el dominio español sobre buena parte de las colonias –no así en Argentina–, pero ya no sería duradero: una década después todas las colonias del continente americano se habían emancipado. Además, en 1814 no se restauraron ya los nexos económicos coloniales. Tal ruptura agravó la calamitosa situación de la economía. Había crecido durante la contienda la deuda pública y se ahondó la bancarrota del Estado. Las ulteriores luchas entre absolutistas y liberales se producirían en una situación de quiebra financiera y de marasmo económico y social.

La Guerra de la Independencia, por tanto, significó un antes y un después. Y en el imaginario colectivo ocuparon su lugar los recuerdos de la insurrección nacional, la movilización popular, la oposición al extranjero y el esfuerzo por defender la tradición o las libertades. La imagen de España levantada en armas contra la invasión extranjera formó parte de la construcción del nacionalismo español del siglo XIX. Se le atribuyeron, de forma no necesariamente exacta –fue un movimiento muy complejo–, las características de una insurrección espontánea, general, popular, como expresión de una conciencia nacional compartida colectivamente. Al margen del grado de certeza de estas elaboraciones ideológicas, el acontecimiento del que ahora se cumplen 200 años constituye un hito histórico cuya especial envergadura y trascendencia lo hace de obligada conmemoración y estudio, para entender las claves de nuestro pasado y de cómo se ha forjado nuestra sociedad.


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