Bush firma una nueva ejecución

El aspirante republicano a la Casa Blanca no tuvo compasión del convicto mexicano Miguel Ángel Flores y permitió su muerte por inyección letal esta madrugada

AGENCIAS. WASHINGTON.

El mexicano Miguel Ángel Flores, de 31 años, ha sido ejecutado esta madrugada en el penal de Huntsville (Texas), por secuestrar, violar y asesinar a la estudiante universitaria Angela Tyson en 1989. El reo sólo tenía dos alternativas para escapar a la inyección letal, el recurso de apelación ante el Tribunal Supremo y la clemencia del gobernador del Estado y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, George W. Bush. Las dos vías le fallaron. Su muerte pasó casi desapercibida en medio del caos electoral de Florida.

En primera instancia, fue el Tribunal Supremo el que rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados de Flores. El alto tribunal, formado por nueve jueces, desestimó la solicitud por un estrecho margen de cinco votos contra cuatro. De este modo, la vida de Miguel Flores quedaba definitivamente en las manos de Bush, quien hasta dos horas antes de la ejecución no había tomado decisión alguna, según uno de sus portavoces. Más tarde tampoco lo hizo.

Fracasaban así todos los intentos por salvar al condenado, que se habían intensificado durante la última semana. El pasado lunes, el Departamento de Estado solicitó a Texas que reconsiderase la aplicación de la pena capital en este caso, puesto que la acusación no fue notificada a tiempo y se negó al penado el derecho a comunicarse con su representación consular en el momento de su arresto por la Policía texana, violando así la Convención de Viena. El mismo argumento , y con los mismos resultados, esgrimieron el Gobierno de México y las comunidades hispanas del país.

Presión internacional
Las gestiones del Ejecutivo mexicano llegaron aún más lejos. El presidente electo, Vicente Fox, pidió el miércoles al candidato George W. Bush clemencia para el preso, y que se le conmutase la pena capital por una cadena perpetua. La respuesta de los estadounidenses fue que «ellos tienen que velar por sus ciudadanos y por sus leyes y que ellos tienen su propio criterio al respecto. Recibieron el mensaje sin compromiso», explicó Fox en rueda de prensa.
Ese mismo día, la Comisión del Perdón de Texas rechazó por votación unánime de sus 18 miembros una petición de conmutación de la pena, indicó su presidente, Gerald Garrett. Según las leyes de Texas, el gobernador sólo puede decretar clemencia si lo recomienda la Comisión del Perdón. En su defecto, Bush podría haber ordenado una prórroga de 30 días.

Una portavoz de la Comisión manifestó que Flores había solicitado que la pena de muerte se conmutara por la cadena perpetua, o en su defecto que la ejecución se aplazase 90 días. Las dos peticiones fueron rechazadas por 18 votos a cero. Marco Dosal, encargado de prensa del consulado de México en Houston, confirmó que la Comisión había notificado a la representación diplomática y a los abogados defen- sores que «la petición de clemencia ha sido denegada». «No dieron otro tipo de explicaciones sobre su determinación».

Tras este nuevo fracaso, los abogados de Flores introdujeron una última apelación ante el Tribunal Supremo que también falló. Esta decisión condicionó de forma determinante el fatal desenlace, ya que la portavoz del gobernador, Linda Edwards, localizada por teléfono desde Austin, había afirmado que «el gobernador esperará el pronunciamiento del alto tribunal para tomar una decisión».

Fuentes judiciales pronosticaron ya en ese momento que, de acuerdo con los antecedentes, era poco probable que se adoptara una decisión favorable a Flores en las últimas horas que le quedaban de vida. Bush, que espera todavía los resultados de las elecciones presidenciales, sólo ha concedido un aplazamiento desde que asumió el cargo en 1995. Un total de 35 personas han sido ejecutadas en lo que va de año en su estado, el que más aplica la sentencia capital en la Unión con 233 ejecuciones desde la reimplantación de la pena de muerte en 1982.

Esperanzas rotas
No obstante, las autoridades mexicanas todavía mantenían la esperanza de que el gobernador interviniese en favor de Flores. Durante la campaña electoral, Bush se abstuvo de hablar sobre el caso del mexicano. Además, las presiones han sido fuertes. Desde hace meses, no sólo el Gobierno mexicano, sino también la sociedad civil y organismos no gubernamentales se han movilizado para impedir que se concrete la sentencia. En los últimos días habían encontrado el apoyo del Departamento de Estado y países como Argentina, Polonia, Suiza o España. Amnistía Internacional y la Unión Europea pidieron a Texas que aplazase la ejecución, y organizaciones hispanas como Madres y Familiares Unidos contra la Pena de Muerte y Mexicanos en Acción convocaron movilizaciones en Houston para lograr el perdón para Flores.

Con un tono de resignación, y antes de que se conocieran el pronunciamiento del Tribunal Supremo y el silencio de George W. Bush, la ministra mexicana de Relaciones de Exteriores, Rosario Green, afirmó que el Gobierno de su país hizo lo posible y acudió a todas las instancias estadounidenses para evitar que se ejecutase la sentencia. Green dijo en Ciudad de México que envió cartas a la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, a la procuradora estadounidense, Janet Reno, y a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, para pedir que se conmutara la sentencia. Bush, sin embargo, no cedió.

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