A la inversa, en cualquier lugar del
mundo, el advenimiento de regímenes democráticos
propicia la mejora inmediata de las condiciones de vida de las
mujeres, lo que se traduce en un incremento general de la calidad
de vida de estas sociedades; de ahí el empeño de
las representantes de ese sexo por conseguir el máximo
desarrollo de los sistemas que garantizan el pleno ejercicio
de las libertades. Ahora bien, si desde los tiempos pioneros
de las sufragistas, e incluso antes, las mujeres han sido generosas
a la hora de entregarse a la causa democrática, y esta
tierra vasca da buena fe de ello, no parece que los poderes democráticos
sean muy generosos con las mujeres, y a las cifras me remito:
según el último informe del Instituto de la Mujer,
en el Congreso de los Diputados, apenas un 28,29% de los escaños
están ocupados por mujeres, mientras que, en el Senado,
este porcentaje se reduce al 24,32%. Es cierto que ambas cámaras
están presididas por mujeres, con lo que ello tiene de
efecto ejemplificador o simbólico, pero no lo es menos
que las decisiones del día a día están en
manos de hombres. Y otro tanto ocurre con el poder municipal:
después de las elecciones de 1999, sólo un 9,6%
de los municipios tiene como titular a una mujer. El informe
nos dice que, cuatro años antes, ese porcentaje era de
apenas un 6,5%; no obstante, esto constituye un triste consuelo
ante la desesperante lentitud del avance registrado. Y qué
decir del poder autonómico, con ninguna mujer, digo bien,
al frente de su gobierno y apenas un 20% de consejeras. O de
la administración del Estado, con tres ministras frente
a 13 ministros, una mujer secretaria de Estado frente a 25 varones
o 35 directoras generales frente a 174 directores. Verdaderamente,
el reparto de poder político en esta España nuestra
democrática no parece ser precisamente equilibrado; de
ahí que resulte sobresaliente el caso del PP guipuzcoano,
único en el país donde la presidenta del partido,
la secretaria general y la secretaria de organización
son mujeres -¿será que hay pocos candidatos hombres
voluntarios a ocupar esos cargos ciertamente peligrosos y muy
poco lucrativos en términos de poder o de estatus?-.
Claro que, también según
la estadística, en el conjunto de Europa, la situación
no es ni mucho menos alentadora. En el parlamento de Estrasburgo,
el porcentaje de diputadas no llega al 30%; y lo que es peor,
el futuro parece discurrir por los mismos derroteros, ya que,
en la Convención para el Futuro de Europa, el órgano
de reciente creación encargado de trazar ese rumbo, la
representación femenina rondará apenas el 15% mientras
que, en su núcleo central de gobierno, sólo una
fémina, la española Ana de Palacio, compartirá
mesa y mantel con once hombres (un porcentaje muy similar al
del actual gobierno afgano). Así que es evidente que la
democracia no ha sido muy generosa con las mujeres; tal vez,
en parte, porque las mujeres hemos preferido ocupar las trincheras
más duras en los momentos de riesgo para el sistema y
volver después al ámbito de la vida privada renunciando
a la batalla por el poder. Sea por lo que fuere, lo cierto es
que estamos muy lejos de lo que se conoce como democracia
paritaria, aquella cuya representación femenina alcanza
la realidad demográfica de un país, o, cuando menos,
se acerca mucho a ella, lo que constituye una de las principales
aspiraciones de la mayoría de los grupos feministas y
de algunos partidos políticos tales como el partido socialista,
que acaba de incluir este objetivo en su lista de metas alcanzables
en los próximos años.
Y ya que estamos, respecto a la mejor
forma de alcanzar este objetivo hoy por hoy muy lejano existen
posturas enfrentadas. Confieso que ni yo misma tengo una posición
definida. Comparto la tesis de mujeres como la diputada feminista
francesa Gisèle Halimi, que sostiene que, mientras no
alcancemos esa representación equilibrada y proporcionada
en los puestos de poder y responsabilidad, no podremos cambiar
un estado de cosas que, en la práctica, resulta claramente
discriminatorio para la mujer al hacer difícilmente compatible
la vida laboral y la vida familiar; empezando por los horarios
mismos y el reparto de las tareas domésticas, pasando
por las políticas sociales, de ayuda a la maternidad o
al cuidado de niños o ancianos, y terminando en la fijación
de prioridades a la hora de emprender políticas de empleo,
de igualdad salarial o de formación. En este orden de
cosas, resulta muy ilustrativo lo que sucede en el mundo en el
que yo me muevo, el de la comunicación, que recientemente
fue objeto de un amplio estudio a escala nacional a cargo de
las investigadoras del CIS Marisa García de Gortázar
y María Antonia García de León. Pues bien,
además de otros datos demoledores, esa macroencuesta reveló
que, entre los profesionales de la comunicación, hombres
y mujeres, se da una tasa de separaciones y divorcios del 6,3%;
dos veces y medio más alta que la del conjunto de los
españoles. Pero, dentro de ese colectivo, las separadas
son el 11,3% frente al 5,1% de los varones -o sea, el doble-;
las casadas, el 47,3% frente al 77,1% de los varones -o sea,
algo más de la mitad-, y las que han renunciado a tener
hijos representan el 52% de las profesionales del sector frente
al 23% de los hombres -o sea, más del doble-. ¿Por
qué esta diferencia brutal entre los dos sexos a la hora
de pagar el precio de una carrera profesional en un campo tan
duro y competitivo? Probablemente, la respuesta está en
el reparto del poder; es decir, de la capacidad de tomar decisiones,
establecer prioridades, modalidades de trabajo, etc., dentro
de este mundo. Porque aquí viene la segunda parte: de
acuerdo con el citado estudio, del total de hombres que trabajan
en el campo de la comunicación, el 27% ocupan cargos directivos,
mientras que sólo 12 de cada 100 mujeres hacen lo propio.
Si un 11% de varones periodistas cobran más de seis millones
de pesetas, sólo un 2,5% de mujeres alcanza esa remuneración.
Los equipos dirigidos por hombres doblan, como media, los encabezados
por mujeres, y, para rematar, la mayoría de los hombres
encuestados en un amplio panel de directivos, esto es, de quienes
promueven las carreras de sus subordinados, opinan que las tareas
más adecuadas para ser ejercidas por mujeres son las que
se refieren a documentación, sociedad, arte y cultura;
o sea, las que ofrecen menos oportunidades de ascenso y desarrollo
profesional dentro de cualquier medio.
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