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Transcripción de la conferencia
de Isabel San Sebastián
No hace mucho, María Eugenia
García Rico, una de las imprudentes citadas por Calleja,
mantenía un discurso muy parecido al que leía yo
al iniciar esta charla, y lo hacía en mi propia casa,
ante un conocido periodista que acababa de sufrir en su persona
la violencia etarra y que se aprestaba a marcharse de España
durante una temporada. Compartíamos los tres una tortilla
de patatas de despedida y le contaba yo a mi colega las peripecias
de esa irundesa con 20 años de resistencia democrática
a las espaldas. Entonces, cuando él le dijo con rotundidad:
«En tu lugar, haría muchos años que yo habría
cruzado la frontera, y, nada más hacerlo, me habría
limpiado el polvo de los zapatos», la respuesta de María
Eugenia no se hizo esperar: «Puede que ésa sea tu
forma de ver el asunto, pero yo no voy a hacer tal cosa, porque
resulta que ese polvo es mi polvo». Y por ese mismo principio,
por esa creencia profunda de que esta tierra vasca nos pertenece
a todos los que la sentimos como propia, y no sólo a aquellos
que quieren segregarla de España, y mucho menos a quienes
llevan 30 años regándola de sangre para conseguir
ese propósito, otras muchas mujeres, concejalas, parlamentarias,
diputadas forales, profesoras, periodistas, jueces, fiscales
o simples amas de casa, están dispuestas a arriesgar el
pellejo y sacrificar la paz doméstica en aras de ocupar
el lugar que les corresponde en esta lucha. Estoy pensado en
Lucía Peralta, concejal del PP en Rentería, donde
dos de sus compañeros cayeron bajo las balas de la banda
terrorista; en Pilar Elías, viuda de Ramón Balleto,
asesinado por ETA, y víctima, a su vez, de una despiadada
campaña de acoso e intimidaciones que no han logrado expulsarla
de su puesto en el ayuntamiento de Azkoitia; en la vitoriana
Pepa Lafuente, y en tantas y tantas vascas valerosas cuyos
nombres se me quedarán en el tintero, seguro, pero cuyo
ejemplo me anima a intentar cada día un ejercicio de periodismo
libre y comprometido con la vida y la libertad. Un periodismo
partidario, por supuesto, de las reglas de juego democráticas
y en absoluto neutral o equidistante entre los asesinos y sus
víctimas, como pretenden los terroristas y quienes les
apoyan colocándonos en el punto de mira de sus pistolas
a aquellos que todavía nos seguimos negando a secundar
tal repugnante chantaje. Estoy pensando en Ana Urchuegia por
ejemplo, alcaldesa socialista de Lasarte desde 1986 y a quien
todos recordamos defendiendo con vigor la libertad de expresión
de los concejales batasunos que se negaban a condenar el asesinato
de su compañero Froilán Elespe y haciendo ese alarde
de convicción democrática a pesar de las amenazas
que pesan sobre ella misma y de las agresiones que sufrió
unos años antes por oponerse a que el ayuntamiento albergara
la capilla ardiente de Miguel Castresana. Las declaraciones que
entonces hizo Ana a un diario nacional ilustran, como pocas,
esa afirmación que suscribo de que dignidad es nombre
de mujer; «seré -decía Ana- de los pocos
alcaldes que, cuando se han enfrentado a una situación
así, han impedido que los terroristas hayan tenido la
capilla ardiente en un ayuntamiento. No lo permití y desde
luego, estando yo como responsable, nunca lo permitiré
si se vuelve a plantear. No lo permito porque un ayuntamiento
tiene otras funciones, pero, además, porque a un miembro
de una organización terrorista no se le puede nombrar
hijo predilecto ni persona grata en absoluto».
Palabras valerosas y actitudes valientes
de mujeres que han asumido una parte de responsabilidad y de
riesgo muy superior, en términos cuantitativos y cualitativos,
a la del conjunto de las mujeres del país, y que lo han
hecho probablemente porque, como dice Salima Ghezali, otra heroína
argelina, periodista luchadora por las libertades e incansable
defensora de los derechos y libertades civiles y políticos
en todos los países donde se viven circunstancias difíciles,
así, aprovechan para infiltrarse y acceder a puestos de
poder no ya como si de una reivindicación femenina se
tratara, ya que esto no sólo lo hacen las mujeres, sino
guiadas por el afán de cambiar la sociedad. Y, también
probablemente, esta disposición a ocupar posiciones de
vanguardia en el combate por las libertades se deba a la conciencia
cierta de que, en el último escalón de la represión,
siempre hay una mujer; de que los regímenes que oprimen
a sus ciudadanos siempre acaban añadiendo una vuelta de
tuerca a la opresión que sufren las mujeres, y de que,
en el escenario de la dictadura, las mujeres siempre desempeñamos
el papel de comparsas insignificantes, en el mejor de los casos,
con un guión secundario escrito a mayor gloria del dictador.
Los ejemplos saltan a la vista. En Argelia, las mujeres tuvieron
un protagonismo decisivo en la guerra por la independencia, lo
que no impidió que, una vez concluida ésta, fueran
perdiendo paulatinamente su poder e influencia hasta que, en
1984, el código de familia sancionado por el Parlamento
aprobó la poligamia, el divorcio unilateral a instancias
del marido y otras normas claramente transgresoras de sus derechos.
Por no mencionar la violencia integrista desatada por el GIA
contra las mujeres reacias a plegarse a sus brutales consignas.
En Afganistán, las mujeres vivieron un breve paréntesis
de esplendor a comienzos de los años 70, durante la etapa
de reformas emprendida por el rey Zahir, únicamente para
verse condenadas a regresar a las tinieblas de la Edad Media
y la privación absoluta de los más elementales
derechos humanos con el régimen de los talibanes, protector
del terrorismo internacional; régimen que siguió
a otro igualmente brutal y discriminatorio hacia la mujer impuesto
por los señores de la guerra, mujaidines vencedores contra
los ocupantes soviéticos. Y aquí mismo, en España,
las que tenemos edad suficiente recordamos lo que significaba,
bajo la dictadura franquista, estar privadas de la capacidad
de tomar cualquier decisión importante sin el consentimiento
del padre o del marido; no poder abrir una cuenta corriente,
o sacarse el pasaporte, y ser consideradas, en definitiva, como
ciudadanas en situación de minoría de edad permanente.
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