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AULA DE CULTURA VIRTUAL

LENGUAS EN GUERRA

Dña. Irene Lozano
Periodista. Premio Espasa Ensayo 2005

 

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Llegamos así a la época republicana, en la que se elabora una constitución que, paradójicamente, viene a dar carácter oficial a la lengua castellana en España, cuando hasta 1931 no lo había tenido. En efecto, en ningún documento figuraba de manera expresa que el español fuera la lengua oficial de España. Sin embargo, se empieza a discutir en Cataluña el anteproyecto de estatuto, donde se recoge que la lengua oficial de Cataluña sea el catalán; y en ese momento, cuando los diputados de las cortes están preparando el proyecto de constitución, y de alguna forma alertados ante esa oficialidad del catalán, con la preocupación de que esa postura pudiera dejar desprovistos de sus derechos a los hablantes de castellano en Cataluña, se incluye la consideración del castellano como lengua oficial.

En las Cortes de aquel momento se mantuvieron debates muy interesantes y apasionados, si bien no sobre la conveniencia o no de declarar oficial el castellano -en lo que había acuerdo-, sino sobre el nombre que se le debía dar. Es curioso que en aquella época hubiera diputados -como el mallorquín Gabriel Alomar, que había fundado el partido republicano catalán y era plenamente bilingüe- que, aun proviniendo de regiones con otra lengua además del castellano y gozando de la condición de bilingües, reivindican la españolidad de esas lenguas y el término "castellano", precisamente para que, por llamar español a la lengua española, no se sustrajera la consideración de españolas al resto de las lenguas de España.

En esa constitución de 1931 se garantiza una línea de enseñanza que emplee el castellano como instrumento de aprendizaje, extremo que, sin ir más lejos, no se garantiza en la Constitución de 1978. Igualmente, se recoge también la preocupación de que no se pueda obligar a nadie a conocer las lenguas que, entonces, se llamaban "regionales".

Es de sobra conocida la política lingüística -por llamarla de alguna manera- de Franco, la cual consistió, básicamente, en tratar de erradicar las lenguas vernáculas de los ámbitos públicos que les daban prestigio, a saber, la Administración y la enseñanza. No se prohibieron las lenguas -como a veces se dice de una manera algo burda-, entre otras cosas porque prohibir una lengua es imposible; como mucho se puede evitar su uso en ámbitos públicos, algo que se hizo con el euskera, el gallego y el catalán. Sin embargo -y coincidiendo, paradójicamente, con el final de la dictadura franquista, en esos últimos momentos en los que surgen grupos de oposición al régimen-, se empieza a asociar un prestigio a estas lenguas prohibidas o postergadas. Me refiero a que se ligan a ellas ideas de libertad o de democracia, puesto que quienes reivindican ese uso público de las lenguas muchas veces coinciden o comparten cárcel o persecución con quienes reivindican la democracia y los derechos democráticos de los ciudadanos.

De este modo -y repito: paradójicamente-, lo que consigue Franco es casi lo contrario de lo que se había propuesto: dotar a esas lenguas de un prestigio en la mente de los hablantes, lo que convierte su defensa en un factor progresista del que hasta entonces no estaban dotadas (como hemos visto, hasta entonces estaban más bien vinculadas a los sectores más conservadores de la sociedad). Así arrancan, con la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía, los procesos que se llamarán de "normalización lingüística", los cuales básicamente consisten, interpretados por los partidos nacionalistas, en considerar que el bilingüismo de las sociedades catalana, vasca, gallega, balear y valenciana son anomalías de la historia y fruto de una imposición, la cual, en realidad, sólo es cierta durante la dictadura de Franco. Pues bien, el nacionalismo está llamado a reparar esa anomalía que el bilingüismo se considera.

Esos procesos de normalización lingüística se inician inspirados en una idea muy singular y, desde mi punto de vista, muy insidiosa: el concepto de lengua propia. El concepto de lengua propia no aparece en la Constitución de 1978, pero sí en 1979, en los primeros estatutos de autonomía que se promulgan (es decir, el vasco y el catalán). Dicho concepto -a pesar de estar vacío de contenido porque nadie lo define ni jurídica ni políticamente- se muestra como muy seductor, e irá cundiendo en todas las autonomías que a continuación van redactando sus estatutos. A pesar de que no encontramos una definición jurídica de ese concepto hasta 1998 (¡veinte años después!), se aprobará el estatuto gallego, en el que se dice que la lengua propia de Galicia es el gallego; o el estatuto valenciano, donde inicialmente se dirá, simplemente, que valenciano y castellano son lenguas oficiales, pero donde unos años después, cuando se aprueba la ley de normalización del valenciano, se incluirá también ese concepto de lengua propia, a pesar de que, históricamente, entre un tercio y la mitad de lo que es hoy la comunidad valenciana no ha hablado nunca nada más que castellano.

 

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